En el mes de febrero, el mandatario fue elegido nuevamente para un segundo mandato, a pesar de la prohibición de reelección inmediata en la Constitución. Su agrupación política conserva una destacada mayoría en el cuerpo legislativo, sobre la cual se basó para implementar reformas que posibilitaron su candidatura y que facilitan la aprobación de leyes con escaso balance de poder.
Ampliación del sistema de excepción
Desde marzo de 2022 se decretó un estado de excepción que suspende derechos fundamentales, incluyendo el debido proceso y restricciones a las libertades civiles. Originalmente concebido como una respuesta temporal al aumento de homicidios ligados a pandillas, el régimen ha sido prorrogado más de 30 veces gracias al apoyo legislativo.
Este sistema ha facilitado la captura de más de 85,000 personas de manera arbitraria, con fuerzas de seguridad combinadas desplegadas en gran medida. El número abarca a adolescentes retenidos bajo sospechas de estar ligados a organizaciones delictivas, una situación cuestionada por ponerlos en riesgo de procesos indebidos y sanciones.
Infracciones registradas y censura global
Grupos defensores de los derechos humanos han señalado estas acciones como infracciones sistemáticas: detenciones sin justificación, maltratos, torturas, despidos injustificados y serias deficiencias en el sistema judicial hrw.org. Reportes indican que menores de edad están siendo llevados a prisiones comunes para adultos, a pesar de los criterios internacionales que lo prohíben. Al menos 368 individuos han fallecido en dichos lugares durante este tiempo.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha advertido que, aunque el régimen constitucional permite suspender garantías en emergencias, este debe ser proporcional y temporal. En este caso se ha convertido en una medida indefinida y abusiva, con severas consecuencias políticas y sociales .
Infraestructura penal masiva y sobrepoblación
Para respaldar al régimen, se levantó el controvertido CECOT, un complejo penitenciario con espacio para más de 40,000 presos, aunque opera bajo condiciones infrahumanas: gran sobrepoblación y un régimen penitenciario riguroso. Esta prisión de gran tamaño ha sido descrita como un «agujero negro» de derechos humanos, donde se restringe la recreación y las visitas, y se aplican castigos estrictos sin verdadera supervisión.
Los establecimientos penitenciarios en el país han llegado a un punto de saturación: la cantidad de personas encarceladas excede las 94,000, aunque la infraestructura disponible solo puede alojar entre 30,000 y 70,000 con las mejoras recientes amnesty.org+4es.wikipedia.org+4theguardian.com+4. Dentro de este sistema extremadamente congestionado, las detenciones en gran escala son comunes, las sentencias rápidas prevalecen, y las condiciones adversas amenazan la seguridad física de los reclusos.
Apoyo popular y dilema democrático
Aunque el sacrificio de libertades es significativo, el régimen sigue gozando de un alto nivel de aceptación. Las autoridades sostienen que la decisión pone la seguridad pública en primer lugar, y una buena porción del pueblo apoya esta postura debido a la notable caída en las tasas de asesinatos.
No obstante, entidades internacionales y actores legales han señalado que este sistema autoritario, respaldado por el poder legislativo fortalecido por el Ejecutivo, supone una degradación de los controles institucionales y el respeto al Estado de derecho.
Preocupación por menores y deportados
Un fuerte cuestionamiento se ha levantado también por la reubicación de menores en cárceles de adultos, lo cual vulnera derechos fundamentales y compromete edificaciones destinadas originalmente a situaciones especiales.
Además, Human Rights Watch describe las expulsiones desde Estados Unidos como «desapariciones forzadas» cuando las personas retornadas son detenidas sin un proceso adecuado o cargos válidos.
Conclusión final: ¿protección sacrificando libertades?
Los logros en el área de la seguridad son evidentes: El Salvador ha tenido varios años con niveles históricamente bajos de homicidios y en 2024 concluyó con una tasa de 1.9 por cada 100,000 personas.
No obstante, la táctica ha desviado derechos esenciales y ha debilitado de forma drástica instituciones como la Fiscalía y la Corte Suprema, las cuales están completamente bajo el control del Ejecutivo elpais.com.
El desafío es complejo: ¿es justificable poner en riesgo las garantías constitucionales, las libertades civiles y los derechos humanos en favor de una seguridad que se presume superior? El porvenir presenta obstáculos: la consolidación de este sistema y su continuidad más allá del estado de excepción.
