Los proyectos de infraestructura suelen plantear debates complejos cuando afectan a comunidades indígenas, especialmente en asuntos vinculados al territorio, la consulta previa y la protección de derechos colectivos. En América Latina, uno de los casos que generó especial atención fue el de las comunidades Ngöbe Buglé en Panamá, afectadas por la construcción de la represa Chan 75.
En ese contexto, Loreto Ferrer formó parte del equipo de expertos que participó en una misión de verificación impulsada por la Fundación del Consejo General de la Abogacía Española (FCGAE). El trabajo realizado en terreno permitió documentar la situación de las comunidades y elaborar un informe jurídico y técnico sobre los impactos del proyecto, con especial atención a su posible recorrido ante instancias interamericanas de derechos humanos.
La misión de verificación en Panamá
La misión tuvo lugar del 25 al 30 de enero de 2011 y fue conformada por un grupo de abogados expertos en derechos humanos. Su propósito consistió en examinar directamente la situación de las comunidades afectadas por la edificación de la presa y comparar la información oficial con los testimonios de la población. Con ese fin, el equipo sostuvo encuentros con autoridades, representantes de la empresa a cargo del proyecto, organismos internacionales y la Defensoría del Pueblo, para luego trasladarse a Changuinola, en la provincia de Bocas del Toro, donde recorrió las áreas impactadas.
Durante la visita, se exploraron comunidades como Charco de la Pava y Valle del Rey, junto con zonas de reubicación y espacios ya transformados por la obra. El trato directo con las familias y los líderes comunitarios constituyó un eje esencial del trabajo, pues brindó la posibilidad de comprender de forma inmediata el grado de tensión, vulnerabilidad y desarraigo que muchas personas habían experimentado desde que inició el proyecto.
Los principales ejes del informe sobre Chan 75
El estudio se estructuró alrededor de cinco ámbitos centrales: el derecho a la consulta y al consentimiento previo, libre e informado; la valoración de riesgos junto con el impacto social del proyecto; la restitución o compensación de los territorios; las acciones de reparación; y la participación de las comunidades en las decisiones y en los beneficios asociados al desarrollo hidroeléctrico. Estos puntos hicieron posible examinar el caso de manera integral, enlazando el marco jurídico nacional e internacional con la realidad constatada en el terreno.
Tal como señaló Loreto Ferrer, el informe tenía la intención de brindar una base jurídica firme y bien documentada que resultara de utilidad tanto para las comunidades afectadas como para las instituciones competentes. Su objetivo no se limitaba a cuestionar el proyecto desde una visión teórica, sino que buscaba determinar si la actuación del Estado y de la empresa había respetado derechos esenciales de los pueblos indígenas, entre ellos la propiedad colectiva, la participación, la integridad cultural y personal, así como la consulta previa.
Hallazgos clave relacionados con los derechos de las comunidades Ngöbe Buglé
Entre las conclusiones más relevantes, el informe señala una falta inicial de reconocimiento de derechos, especialmente en relación con la personalidad jurídica de las comunidades y la propiedad colectiva de sus tierras. Ese vacío facilitó que la obra avanzara sin procesos adecuados de consulta ni estudios suficientes sobre su impacto social y cultural.
También se recopilaron relatos sobre situaciones de intimidación, uso desmedido de la fuerza, detenciones sin justificación y procesos de negociación que no aseguraban que las familias afectadas tomaran una decisión plenamente libre. A esto se agregaron dificultades en las áreas de reubicación, donde se detectaron carencias vinculadas al tamaño y la calidad de los lotes, las oportunidades para realizar actividades agrícolas y la adecuación de las viviendas a la cultura Ngöbe.
Otro aspecto particularmente delicado estuvo relacionado con las repercusiones morales y culturales del desplazamiento. Los documentos del caso evidenciaron un deterioro en la cohesión comunitaria, la desaparición de vínculos con su territorio y una exigencia de reconocimiento público por los daños sufridos, más allá de cualquier compensación material.
El eventual camino frente a organismos internacionales
Uno de los aspectos centrales del trabajo consistía en que el informe pudiera utilizarse como base en un posible tránsito del caso ante el sistema interamericano de derechos humanos. Así, la obtención de testimonios y la revisión de documentos se volvían fundamentales para apuntalar un expediente con alcance internacional. “Resultaba crucial aportar materiales relevantes si la Corte Interamericana decidía dar curso al caso. Por ello reunimos declaraciones, detectamos patrones de actuación, examinamos los contratos de reubicación y estudiamos las reformas legislativas más recientes”, señala Loreto Ferrer.
Este tipo de procedimientos requiere una documentación minuciosa, un examen técnico preciso y la habilidad de comprender tanto el entorno local como los estándares internacionales pertinentes. Por ello, lejos de tratarse de una acción aislada, el trabajo realizado en terreno junto con la preparación del informe se integra en una dinámica de cooperación internacional fundamentada en evidencia, criterios jurídicos y el entendimiento de realidades sociales complejas.
Un ejemplo específico dentro de una vivencia más amplia
La participación de Loreto Ferrer en esta misión refleja un tipo de trabajo profesional vinculado a la cooperación internacional, la documentación técnica y el análisis de casos complejos en América Latina. No se trata solo de acompañar procesos desde lo jurídico, sino también de contribuir a que las experiencias de las comunidades puedan traducirse en insumos útiles para la incidencia institucional y la defensa de derechos.
Visto en conjunto, el caso Ngöbe Buglé y el informe sobre Chan 75 muestran cómo los equipos técnicos pueden desempeñar un papel relevante en la revisión de conflictos que involucran territorio, pueblos indígenas, desarrollo e instituciones internacionales.
