miércoles, julio 24

La Seguridad Social amplía de cinco a siete años el periodo para fraccionar el pago por las prácticas no cotizadas | Economía

La negociación para definir el nuevo marco en el que antiguos estudiantes e investigadores que hayan realizado prácticas no remuneradas puedan comprar las cotizaciones correspondientes a esos periodos para que estas cuenten a la hora de calcular su pensión ha dado este lunes un nuevo paso, y su resolución está a la vuelta de la esquina. Representantes del Ministerio de Seguridad Social y agentes sociales han revisado este lunes la propuesta planteada la semana pasada por el departamento que dirige Elma Saiz, y han acordado llevar a cabo una serie de modificaciones con las que esperan dar carpetazo a la polémica generada por la orden ministerial aprobada en mayo que soliviantó a la comunidad científica. Así, el nuevo texto amplía el tiempo para poder hacer frente al pago de estas cotizaciones, que pasa de cinco años a siete; y agranda también la ventana temporal para la suscripción del convenio especial que regule estas incorporaciones de tres años y medio a cuatro y medio.

Estos cambios son fruto de la resistencia ejercida por los sindicatos, que tras conocer la propuesta inicial del Ministerio —que recibieron grosso modo de buen grado—, señalaron que alguno de sus puntos debía “perfilada”. El núcleo de la proposición del Gobierno se mantiene estable: la base de cotización de referencia para el pago será la correspondiente al año en el que tuvieron lugar las prácticas y no la de 2024 (lo que, según cálculos del sector, elevaba hasta los 17.000 euros cada año recuperable); y la posibilidad de rescatar íntegramente cinco años, también en los casos en los que, de acuerdo con la regulación de 2011 —que permitía esta asimilación para las prácticas remuneradas—, ya se hubiesen rescatado dos años, lo que eleva el horizonte hasta los siete.

Con estas modificaciones se corrigen los parámetros de la orden ministerial aprobada por el Gobierno el 1 de mayo —y que estaba previsto que entrase en vigor el 1 de junio—, que el colectivo de científicos consideraban más “lesivos”. Sin embargo, no se asume otra de sus demandas, como la de que la parte a abonar por cada persona sea exclusivamente la correspondiente al trabajador y no la de la empresa, que en la mayoría de los casos eran administraciones públicas. Advertían un trato desfavorable en este sentido, poniendo de ejemplo al personal interino de la Administración de Justicia, a quienes en 2021 se les permitió reconocer el tiempo trabajado sin cotización con esta exención.

A pesar de que los años rescatables se hayan ampliado hasta los siente, los científicos, concretamente la Confederación de Sociedades Científicas de España (COSCE) pedía una solución para aquellas personas que acumulan hasta 16 años, en casos muy extremos, de periodos de prácticas no remuneradas.

El Ministerio ha informado que en la reunión también se ha abordado la situación de los fijos discontinuos y el procedimiento para establecer coeficientes reductores en las ocupaciones especialmente penosas (los nuevos parámetros objetivos para que estos trabajadores puedan adelantar su jubilación), entre otros asuntos. La mesa ha quedado en volver a reunirse el próximo 10 de junio.

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