Las comunidades autónomas necesitarían dar un vuelco de 180 grados a sus finanzas para poder cumplir con el objetivo de deuda que les exige la legislación. A día de hoy, su pasivo ronda el 22% del PIB; si se fijaran lograr la meta del 13% que marca la ley de aquí a cinco años, para 2028, tendrían que apuntarse un superávit del 1,4% anual, según un estudio publicado este lunes por la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea). Distribuir el ajuste en un plazo más amplio reduciría el esfuerzo hasta el 0,5% anual con el horizonte puesto en 2033 y a una décima si se pretendiera alcanzarlo en 2043. En todo caso, el camino se antoja complicado vista la tendencia actual: en lugar de generar ahorros, entre 2000 y 2019 las comunidades concentraron un saldo negativo en nueve décimas, aunque el punto de partida varía enormemente en función de la autonomía, y el pasivo seguirá creciendo en la próxima década, hasta superar el 24% del PIB, si no se adoptan medidas.
La Comunidad Valenciana, por ejemplo, que tiene la ratio de deuda sobre el PIB más abultada de todos los territorios, requeriría los mayores ahorros, de entre el 5,1% y el 0,8% anual en función del plazo escogido. Cataluña, Murcia y Castilla-La Mancha también necesitarían ajustes superiores al 3% si quisieran alcanzar el objetivo en cinco años. Canarias, Navarra, Madrid y el País Vasco, en cambio, hasta podrían seguir registrando déficit dada la mejor situación de sus finanzas. De hecho, estos cuatro territorios acumulaban a cierre de 2023 un pasivo que rondaba el 12%, por debajo del objetivo legal.
El artículo, titulado La deuda pública de las Comunidades Autónomas. Escenarios de evolución y estimación del esfuerzo de consolidación fiscal necesario y firmado por Carmen Marín (Fedea) y Diego Martínez (Universidad Pablo de Olavide y Fedea), se publica en un momento en el que las cuentas autonómicas están bajo los focos por los acuerdos alcanzados entre los partidos independentistas catalanes y el PSOE.
La condonación de parte del pasivo regional ha sido una de las condiciones puestas por ERC para apoyar la investidura de Pedro Sánchez. El planteamiento de la formación independentista se basa en una quita de la deuda causada por el ciclo económico, que la formación independentista cifra en el caso de Cataluña en unos 15.000 millones de euros, el 20% del total de su pasivo. El acuerdo sellado con el PSOE prevé que la condonación se extienda a los demás territorios de régimen común —es decir, excluidas las comunidades forales de País Vasco y Navarra—, pero aún no se ha avanzado en la medida, como tampoco se ha abierto el melón de la reforma de la financiación autonómica, que lleva una década pendiente. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, solo ha dejado claro que de momento no está sobre la mesa la creación de un fondo transitorio que exigen las comunidades peor financiadas: Murcia, Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, que también están entre las más endeudadas, y Andalucía.
De hecho, aunque hubiera una quita en los términos que propone ERC, las comunidades con más carga de pasivo seguirían con desequilibrios muy elevados. Por ello, los autores del informe de Fedea son partidarios de fórmulas condicionadas y parciales para rebajar esa pesada mochila. “Debe abordarse cuanto antes la reforma del sistema de financiación autonómica o, en su defecto, la adopción de medidas correctoras transitorias. También habría que considerar una posible estrategia de condonación de deuda autonómica en manos del Estado. En este caso, el proceso debería seguir criterios transparentes y de equidad, y estar sujeto a una estricta condicionalidad”, proponen en una nota que acompaña el informe. “Esta condonación tendría que aplicarse a las comunidades que realmente lo necesiten. No perdamos de vista que el objetivo último de este proceso de condonación es permitir a las comunidades autónomas su financiación a través de los mercados de capitales”.
Perspectivas
Pese a la elevada heterogeneidad, el conjunto del sector autonómico concentra la deuda más voluminosa en ratio sobre el PIB de todos los gobiernos regionales de la UE con estructura descentralizada. En Bélgica, por ejemplo, la tasa es del 15,1%, del 17,7% en Alemania y del 5,4% en Austria. De cara al próximo decenio, el estudio de Marín y Martínez López dibuja dos posibles escenarios según la evolución del pasivo de las comunidades.
El primer panorama dibujado por los autores, el “conservador”, descansa sobre la hipótesis de que el comportamiento de las autonomías en materia fiscal se mantenga constante en el futuro. En este caso, la mayoría de las comunidades verían empeorar sus saldos de aquí a 2034 —hasta el 24,4% en el conjunto del subsector—, sobre todo aquellas que ya ahora están más rezagadas, como son la Comunidad Valenciana y Murcia. Sus ratios de pasivos sobre PIB alcanzarían el 55,3% y el 42,4%, respectivamente, frente al 42,3% y al 32% previstos para este año.
En el segundo escenario, denominado “reactivo“, las comunidades irían corrigiendo sus saldos de forma gradual hasta situar la tasa a final del periodo en el 15,1%, aún así dos puntos por encima del objetivo, pero unos siete puntos por debajo de la ratio actual. Aun así, las más endeudadas seguirían en cifras de doble dígito, con la Comunidad Valenciana, una vez más, en niveles superiores al 40%. “Este trabajo pone de manifiesto que existe un problema de deuda pública en las comunidades autónomas, de notable envergadura en algunas de ellas”, señala la nota que acompaña el informe.
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