sábado, abril 13

La derecha igualitaria | Economía

¡Albricias! Aunque más tarde que sus vecinas, la derecha española ha descubierto el valor de la igualdad. A cuenta de una eventual amnistía que —perjura, sin textos— rompería la igualdad ante la ley.

La explota territorialmente. El PP andaluz retorna a su empeño disgregador igualando indepes a catalanes y temiendo que “supondría que haya españoles de primera y de quinta”, según su residencia, claro.

La proclama igualitarista olvida que el PP recurrió 30 artículos del Estatut catalán, que están calcados en el andaluz. Esos no los impugnó. ¿Igualdad, alega?

La igualdad es el trato igual a personas (o territorios) en igual situación; pero distinto a los que exhiben una posición diferente. En lo económico, la igualdad fiscal se traduce en trato desigual: la progresividad, por la que paga más quien más gana (IRPF), tiene (Patrimonio) o maneja (Sociedades, un impuesto escalonado según tamaños y tipo de empresas).

La cabalgada desfiscalizadora del PP y Vox anulando los impuestos patrimoniales no crea igualdad social ni territorial. Al revés, multiplica las desigualdades.

Así, en 2021 (últimos datos disponibles) los ricos madrileños pagaron cero euros por el impuesto sobre el patrimonio (IP); y dejaron de abonar 1.200 millones. Los del resto de autonomías aportaron 1.350 millones (AEAT). Y en 2022 ya pagaron algo gracias al impuesto sobre grandes fortunas (555 millones), pero menos que los ricos catalanes el año anterior por IP (593), habiendo muchos más ricos en la región central.

Por el lado de los ingresos brutos al sistema de financiación autonómica, es lógico que Madrid —el tradicional laboratorio de la derecha— sea la primera contribuyente: pues ostenta la primacía en el ranking de tamaño económico relativo (PIB).

Pero no tanto que también encabece los recursos recibidos per cápita (solidaridad individualizada, y pues, más comparable). En 2022 recibió 3.128 euros por persona, 166 más que la media de 2.962 (Cataluña, 38 menos), y muy por encima de Andalucía y el País Valencià.

Así que la embestida contra los impuestos a la riqueza (otra cosa sería su reforma, pues tienen un diseño mejorable, afectan más a la parte baja de la clase alta que a la superior) es regresiva y antiigualitaria.

Esa ventaja tampoco se justifica por los resultados internos conseguidos gracias a los mayores recursos relativos. El desempleo alcanzó a final del primer semestre un 9,56% de la población activa madrileña; y el 8,44% de la catalana, pese a las heridas abiertas desde el procés (datos del INE).

Asimismo, la tasa de mortalidad por covid (estandarizada por edad, neutralizando las diferencias de envejecimiento entre comunidades) ascendió a 2.422 personas por millón en Madrid, frente a una media de 1.610; y en residencias, que es lo más relevante en cuanto a calidad de la gestión pública, duplicó a la valenciana (Generalitat valenciana, 26/4/2021).

Y en gasto en políticas sociales (educación, sanidad, servicios sociales), Madrid no es la primera, sino la última de las 17 autonomías: 2.399 euros en 2022, frente a 2.939 la media y 3.629 en Extremadura, la más generosa de las de régimen común.

¿Igualdad? ¿O bien haz lo que te digo y no lo que yo hago?

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