miércoles, julio 24

La coalición alemana se enfrenta a una de sus peores crisis por el bloqueo del Presupuesto tras un revés del Constitucional | Internacional

El canciller alemán, Olaf Scholz, habla este martes en el Bundestag junto al ministro de Finanzas, Christian Lindner (al fondo) y el ministro de Economía y Clima, Robert Habeck.ANNEGRET HILSE (REUTERS)

Si en algo tiene experiencia la coalición de tres partidos que encabeza el socialdemócrata Olaf Scholz en Alemania, junto a Los Verdes y los liberales del FDP, es en capear crisis; especialmente, las que han crecido al calor de las habituales discrepancias entre la tríada. La última, sin embargo, es especialmente grave, pues pasan los días y las respuestas que dan unos y otros no podrían ser más dispares. El Ejecutivo ha tenido que decretar el bloqueo de los presupuestos de todos los departamentos gubernamentales para lo que queda de 2023. Es la primera reacción a la demoledora sentencia de la semana pasada, que declaró inconstitucional una maniobra contable y ha borrado de un plumazo 60.000 millones de euros del fondo del clima. Esa cantidad equivale a un 1,5% del PIB alemán.

El tripartito de socialdemócratas, verdes y liberales se enfrenta a un monstruoso problema de financiación que, según están alertando algunos juristas y economistas, va más allá de ese fondo concreto y podría afectar a los otros instrumentos extrapresupuestarios que ha ido creando el Gobierno tras las sucesivas crisis del coronavirus y la energética. El Ejecutivo se prepara para consecuencias financieras mucho más amplias, que podrían limitar su capacidad de sacar dinero de todos los fondos especiales con los que ha estado eludiendo el límite constitucional al endeudamiento, conocido como el freno de la deuda.

El tripartito se muestra paralizado ante el enorme agujero para las arcas públicas. Sus responsables apuntan posibles soluciones, pero todavía no se ha dado una respuesta unitaria, salvo la de bloquear los pagos y limitar el gasto a lo estrictamente necesario en lo que queda de año. El ministro de Finanzas, el liberal Christian Lindner, dio la orden el lunes por la noche para que todos los ministerios congelen su gasto. Hasta nuevo aviso, no podrán autorizar pagos.

Los debates en el seno de la coalición sobre las consecuencias de la dañina sentencia del Tribunal Constitucional están en apogeo y evidencian lo alejadas que están las posturas entre los socios. Los liberales del FDP, echados en brazos de la ortodoxia fiscal, no aceptan subidas de impuestos o suavizar el límite de endeudamiento. Su solución es gastar menos en otras partidas, y para ello han empezado a proponer recortes en prestaciones sociales. A lo que los socialdemócratas de Scholz se niegan en redondo. “Si ahora seguimos la lógica de los recortes sociales, lo siguiente serán las pensiones. Luego las becas escolares, y luego… Y entonces la cohesión social se nos escapará entre los dedos. Esa no puede ser la solución”, ha dicho el secretario general del SPD, Kevin Kühnert.

El peor revés judicial de la legislatura de Scholz llegó el jueves pasado. El Tribunal Constitucional determinó que reasignar 60.000 millones de euros de deuda no utilizada durante la pandemia de coronavirus a un fondo para el clima es ilegal. El fondo financia proyectos relacionados con la independencia energética de Alemania, con inversiones en aislamiento térmico de los hogares, instalación de puntos de recarga para vehículos eléctricos o extensión de las energías renovables. También con cargo a los 212.000 millones para el periodo 2024-2027 se iban a sufragar las inversiones en fábricas de semiconductores (prometidas tanto a Intel como a TSMC para que se instalen en el Este de Alemania) y a modernizar la obsoleta red del Deutsche Bahn, los ferrocarriles alemanes.

Las consecuencias del fallo del tribunal de Karlsruhe todavía se están evaluando, pero todo parece indicar que otro de los fondos extrapresupuestarios, el Fondo Económico y de Estabilización, también podría verse afectado. Los conservadores de la CDU están considerando emprender acciones legales contra su gestión, lo que ha provocado que el ministro de Economía les acuse de querer sumir deliberadamente al país en el caos. Con este fondo, conocido por sus siglas en alemán (WSF), se pagan las subvenciones que alivian los precios de la electricidad y el gas a los hogares y las empresas. Habeck ha alertado ya de que los costes de la energía podrían incrementarse sustancialmente este invierno.

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Esta incertidumbre es “veneno” para la economía alemana, aseguró Monika Schnitzer, la presidenta del Consejo Alemán de Expertos Económicos, conocidos como los “cinco sabios”. “Se necesitan urgentemente soluciones conjuntas porque de lo contrario crece la incertidumbre y no hay nada peor para la economía. La gente quiere poder planificar, saber si los precios de la energía van a mejorar”, dijo en una entrevista con la cadena ARD. El varapalo del Constitucional supone un nuevo bofetón a la estancada economía alemana, que entrará en recesión este año y que confiaba en que las inversiones en transición ecológica la sacarían del bache con un leve crecimiento en 2024.

La crisis está entrando en un terreno muy peligroso para la estabilidad de la coalición porque se empieza a cuestionar uno de los principios básicos que tienen en su altar los liberales, el Schuldenbremse o freno de la deuda. A medida que pasan los días, más miembros destacados de los otros dos partidos están poniendo en duda la sensatez del límite al endeudamiento público del país. “No voy a negar que considero que la forma en que está diseñado el freno de la deuda alemana no es muy inteligente”, declaró en la televisión pública el ministro de Economía, el verde Robert Habeck. El freno de la deuda estuvo suspendido entre 2020 y 2022 por la pandemia de covid, pero vuelve a estar vigente este año. Mientras tanto, los economistas coinciden en que Alemania necesita grandes inversiones para lograr sus objetivos climáticos, entre los que está el de alcanzar el 80% de fuentes renovables en 2030.

El sistema “es muy estático y no distingue entre los fondos que gastamos sobre la marcha, a lo largo del año, y las inversiones de futuro que se amortizarán dentro de 10, 20 o quizá 50 años. No me parece sensato”, subrayó Habeck. El freno de la deuda, que está consagrado en la ley Fundamental (Constitución) desde 2009, se creó para otra época: en un momento en el que Alemania tenía acceso a gas natural barato, procedente de Rusia; cuando China era un ávido comprador, y a la vez proveedor, y no un competidor; y con la seguridad de que Europa no volvería a vivir más guerras, explicó el lunes por la noche el ministro de Economía. “Estas eran las condiciones entonces, y parece que han cambiado, al menos en mi análisis”, lamentó. “No podremos evitar la aplicación de la norma de exención hasta 2024, posiblemente incluso más”, declaró por su parte el portavoz del SPD en el Bundestag, Rolf Mützenich, a la revista Stern.

¿Qué opciones tiene el Gobierno alemán para salir del atolladero? Una de ellas sería declarar una nueva emergencia, como se hizo durante la pandemia de coronavirus. Eso permitiría solventar el bloqueo inmediato de los fondos. Porque aunque cada vez más voces apunten a la necesidad de cambiar las estrictas normas de endeudamiento —este no debe superar el 0,35% del producto interior bruto alemán anual, salvo en casos de emergencia muy tasados—, ese giro todavía no se vislumbra. Cualquier cambio constitucional requiere una mayoría de dos tercios, lo que se traduce en la necesidad de contar con la aprobación de los conservadores de la CDU y CSU. Y fueron ellos quienes presentaron la demanda contra el plan presupuestario del Gobierno y en defensa del Schuldenbremse.

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