viernes, junio 21

José Luis Escrivá deja las pensiones para pilotar la transformación digital | Economía

El hasta ahora ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha sonado hasta última hora como uno de los posibles sustitutos de Nadia Calviño al frente del Ministerio de Asuntos Económicos, pero, finalmente, solo se ha quedado, de momento, con la parte de menor peso de este último departamento y asumirá una cartera de nueva creación: Transformación digital. Si bien, con este movimiento, Escrivá se sitúa como uno de los candidatos con más opciones para disputarse el Ministerio de Economía en el caso de que Calviño se vaya definitivamente al BEI, algo que se conocerá previsiblemente el próximo 8 de diciembre.

Ha sido precisamente en las redes y, en concreto, en X —antes Twitter— donde Escrivá ha defendido, no en pocas ocasiones, de forma vehemente sus políticas y sus decisiones, polemizando con ciudadanos, economistas y periodistas sin distinción. El ministro tuitero dejará una gestión de más de 200.000 millones de gasto social, fundamentalmente en pensiones, por un presupuesto mucho más modesto, ya que gestionará fundamentalmente los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado con los fondos europeos Next Generation EU, que en su primera fase suponen unos 20.000 millones de euros.

Escrivá llegó al cargo como uno de los ministros más tecnócratas y avalado por su cargo anterior: fue el primer presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF). Desde esa perspectiva, se presentó desde el principio como un economista amante de los datos sobre los que sustentar todas sus políticas. Con esta premisa ha llevado a cabo una reforma del sistema de pensiones en dos fases, que no ha estado exenta de polémicas, precisamente por adolecer, según sus detractores, de lo que él más presumía: una buena fundamentación en las cifras y proyecciones económicas.

La primera parte de esta reforma contó con el aval de empresarios, sindicatos y del Parlamento, fundamentalmente porque incluyó la revalorización de las pensiones según el IPC promedio del año anterior, y porque Escrivá hizo malabares para que Bruselas aceptara una ampliación del periodo de cómputo de las pensiones inferior al que él mismo vendió a la Comisión en un principio. Punto este que el exministro de Seguridad Social siempre negó a pesar de las evidencias documentales de la medida presentada en Europa. Sin embargo, la segunda parte de dicha reforma —que se centró en aumentar los ingresos de la Seguridad Social— ha levantado todo tipo de críticas, sobre todo patronales, por cargar todo el peso de estos nuevos ingresos en la parte empresarial y no hacer (ni prever) ningún tipo de ajuste del gasto que casi con toda seguridad superará el 15% del PIB de promedio hasta mediados de siglo.

Creación del IMV

Precisamente, la introducción en esta segunda fase de esta reforma de un mecanismo de evaluación por parte de la AIReF a partir de 2025 para determinar si hará falta algún tipo de recorte del gasto más adelante ha sido uno de los aspectos que más le han criticado por considerar que era una patada hacia delante, quitándose de encima posibles soluciones impopulares.

Otro de los empeños de Escrivá ha sido dejar impronta en el ámbito de la inclusión para lo que creó el Ingreso Mínimo Vital (IMV), una renta que finalmente está sustituyendo a las rentas mínimas de inserción de las comunidades autónomas en lugar de convivir con ellas. Algo que, en lugar de aumentar el gasto en inclusión social, está trasladándolo al Estado. Se trata de una ayuda de muy complicada gestión desde el ámbito estatal porque se aleja del terreno de sus beneficiarios, por lo que está llegando a menos ciudadanos de los que podrían beneficiarse de ella. Es esta circunstancia, advertida desde la AIReF, la que llevó a Escrivá a enfrentarse frontal y públicamente con la actual presidenta del organismo, Cristina Herrero.

De izquierda a derecha y de arriba a abajo, Pedro Sánchez (presidente del Gobierno), Nadia Calviño (vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos), Yolanda Díaz (vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo), Teresa Ribera (vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica), María Jesús Montero (vicepresidenta cuarta y ministra de Hacienda), José Manuel Albares (ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europa y Cooperación), Félix Bolaños, (ministro de Justicia y Presidencia), Margarita Robles (ministra de Defensa), Fernando Grande-Marlaska (ministro de Interior), Óscar Puente (ministro de Transportes), Pilar Alegría (portavoz y ministra de Educación y Deportes), Jordi Hereu (ministro de Industria), Luis Planas (ministro de Agricultura), Ángel Víctor Torres (ministro de Política Territorial y Memoria Democrática), Ernest Urtasun (ministro de Cultura), Mónica García (ministra de Sanidad), Elma Saiz (ministra de Seguridad Social), Pablo Bustinduy (ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030), José Luis Escrivá (ministro de Transformación Digital), Isabel Rodríguez (ministra de Vivienda y Agenda Urbana), Sira Rego (ministra de Juventud e Infancia), Diana Morant (ministra de Ciencia y Universidades) y Ana Redondo (ministra de Igualdad).

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