Ayer inició el período de consultas para el proyecto relacionado con el sistema de seguridad social panameño. La Universidad de Panamá ha presentado una serie de propuestas que no prevén aumentar las matrículas ni cambiar la edad de jubilación. Estas medidas, si se implementan, podrían aumentar significativamente la financiación para el programa de Discapacidad, Envejecimiento y Mortalidad (IDM), un aumento de aproximadamente $22,667 millones en una década y $67,778 millones en 20 años.
El rector Eduardo Flores Castro realizó una presentación ante la Comisión de Salud legislativa, donde presentó el análisis elaborado por los economistas y actuarios de la universidad. Este análisis busca abordar el déficit de recursos de IVM, que actualmente requiere 14 mil millones de dólares durante los próximos diez años.
Las propuestas se centran en cuatro áreas principales: frenar la evasión fiscal, controlar el fraude en las contribuciones, aumentar la rentabilidad de los fondos de la Caja de Seguro Social (CSS) y formalizar el trabajo informal. Estas medidas sirven para fortalecer el programa de pensiones sin recurrir a elevar la edad de jubilación u otros cambios paramétricos.
Flores destacó que según la Dirección General de Ingresos (DGI), en 2022 la evasión fiscal fue de 7.832 millones de dólares, lo que equivale al 10,2% del PBI. En este contexto, la universidad recomienda reducir la evasión fiscal en un 1,5% del PIB, lo que podría generar aproximadamente 18.101 millones de dólares en diez años y 53.709 millones de dólares en 20 años.
Respecto a la evasión de honorarios, el rector mencionó que sólo el 75% de quienes trabajan en el sector privado están registrados en la CSS, quedando el 25% sin cobertura. La inclusión de estos 114.000 trabajadores informales puede generar ingresos adicionales estimados en 2.162 millones de dólares en diez años y 5.921 millones de dólares en 20 años.
Además, Flores enfatizó que la rentabilidad de los fondos de la CSS actualmente es del 4%, mientras que los bancos ofrecen el 8%. Un aumento del 2%, 6% en esta rentabilidad podría significar 1.578 millones de dólares adicionales en una década y 2.870 millones de dólares en 20 años.
El rector también mencionó que formalizando sólo al 10 por ciento de los trabajadores informales desanimados por la burocracia y las dificultades de afiliación, se pueden ganar $968 millones en diez años y $5.278 millones en 20 años.
Por su parte, el economista Juan Jované destacó la incompatibilidad estructural del Proyecto de Ley 163 con las propuestas de la Universidad de Panamá. Afirmó que la ley actual exige la privatización de los fondos de la CSS mediante la subcontratación, permitiendo que el 75% de los fondos se inviertan en activos del Tesoro de Estados Unidos en lugar de utilizarse para el desarrollo nacional.
Jované explicó que la universidad logró presentar estas propuestas con sus propios recursos para realizar un análisis comparativo y cuestionó la presencia de ciertos participantes en la sala de debate, sugiriendo que algunos deben lamentar las reformas de 2005, que en su opinión destruyeron la universidad. . sistema solidario.
Las consultas de la comisión comenzaron a las 10:20 y el primer orador fue José Enrique Machuca. Durante la sesión participaron alrededor de 24 ponentes, entre ellos Olmedo Guillén, Héctor Baxter, Abelardo Herrera, Raquel Gutiérrez y Sherly Ramos.
En su emotivo discurso, Héctor Baxter mencionó que hubo tres días en los que apenas durmió dos horas por noche. A pesar de no ser un académico, sintió que tenía que hablar en nombre de la mayoría silenciosa que anteriormente se había manifestado en las calles y derrotado a la élite.
Sherly Ramos también ofreció una intervención cargada de emoción, preguntando a los representantes y funcionarios de alto rango si alguien tenía hambre. “Aquí los presidentes son tratados como dioses, pero son seres humanos que tienen el privilegio de gobernar. Sobre todo, deberían hacerlo en beneficio de los más necesitados», añadió.
El debate en torno a estas propuestas es crucial dada la situación actual de la seguridad social en Panamá y la necesidad de reformas que proporcionen un sistema sostenible y justo para todos los ciudadanos. Las opiniones y análisis presentados en este primer día de consulta reflejan la complejidad del tema y la urgente necesidad de encontrar soluciones viables que beneficien a la población en su conjunto.
