El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) multó a Telcel, uno de los operadores móviles más grandes de México, con 90,6 millones de dólares por prácticas que restringen la libre competencia en el mercado. Según el IFT, la empresa ingresó a empresas monopólicas para ofrecer incentivos a los distribuidores con el objetivo de impedir la venta de productos de sus competidores en los estados de Michoacán, Colima y Jalisco.
El IFT explicó que Telcel brindó información y beneficios a ciertos canales de distribución, vinculando así la oferta de paquetes de telefonía móvil a que no se pusieran en el mercado productos de otras empresas competidoras. Según el regulador, esta estrategia violaba los derechos de los consumidores al limitar la elección entre diferentes opciones de servicios móviles.
La investigación que condujo a la sanción se inició en el verano de 2021 y concluyó con un informe sobre probable responsabilidad a finales del año pasado. Telcel tiene la oportunidad de impugnar esta decisión y presentar su defensa durante el proceso judicial.
Por su parte, el consorcio América Móvil, propietaria de Telcel, anunció su intención de imponer una multa. En un comunicado a la Bolsa Mexicana de Valores, la compañía respondió a las acusaciones y preguntó cómo se llevaría a cabo la investigación, diciendo que las acusaciones se basaban en una declaración de un competidor.
Telcel mantiene una posición dominante en la industria móvil de México, operando aproximadamente el 58,7% de los 142,7 millones de líneas móviles registradas en el país. Durante el trimestre de 2023, la compañía reportó ingresos por 62.673 millones de pesos, lo que representa una participación de mercado del 69,1%.
El IFT restableció la importancia de los organismos reguladores para garantizar un mercado competitivo. Esta sanción subraya el estatus clave que les retira a estas entidades en la promoción de las condiciones de libre competencia en México, especialmente en el contexto de la discusión de una posible reforma dirigida a la formulación de entidades autónomas, incluido el IFT.
El presidente Andrés Manuel López Obrador ha propuesto una legislación que podría llevar a la desaparición del IFT y otras instituciones independientes, argumentando que es un recurso necesario para el gobierno. Según el mandato, estas organizaciones no están complementando adecuadamente su propuesta ya que han recibido más de 32.313 millones de pesos desde su creación.
La posible abolición del IFT ha generado preocupación entre los expertos, quienes advierten que podría significar recortes a industrias reguladas e impactar políticas establecidas en acuerdos comerciales como el T-MEC. Aunque los impulsores de la reforma aseguran que no afectará las obligaciones del país en el comercio internacional, el debate continúa.
La comisión de derecho constitucional de la Cámara de Representantes ya aceptó la legislación en general, la decisión final sobre la continuación o terminación del IFT depende de la próxima sesión legislativa, que comenzará a operar el 1 de septiembre. Además de la educación superior que garantiza el funcionario, la posición del IFT y otros organismos autónomos es un punto crítico.
