“El reconocimiento del Estado Palestino es como la bala de plata: solo se puede disparar una vez”, afirma una alta fuente diplomática. Nadie duda de que España lo hará, la cuestión es cuándo y cómo. “Nada hay más sencillo: basta un acuerdo del Consejo de Ministros. Cualquier martes, tras la reunión del Gabinete, la ministra portavoz podría anunciarlo en la rueda de prensa de La Moncloa. Ni siquiera haría falta consultar al Congreso, ya que hay un acuerdo unánime de 2014 que insta al Ejecutivo a dar ese paso. Pero eso, sobre el terreno, no tendría ningún efecto y la bala se habría desperdiciado”. Ni siquiera desde el punto de vista diplomático cambiaría mucho. En septiembre de 2010, el Gobierno elevó el rango de la representación palestina en Madrid, que pasó a denominarse misión diplomática, homologándola a la de un Estado: su jefe tiene tratamiento de embajador, presenta cartas credenciales al Rey y forma parte del cuerpo diplomático acreditado en Madrid.
El objetivo ideal del Gobierno es que ese reconocimiento sirva para empujar la solución de los dos Estados y se adopte en el marco de una conferencia de paz de la que salga un acuerdo sobre el territorio y la capital de la nueva entidad palestina que, de acuerdo con la legalidad internacional, debería ser Jerusalén Este. El presidente español, Pedro Sánchez, prometió en su discurso de investidura del pasado noviembre: “El nuevo Gobierno trabajará para que Europa, y por supuesto, España, reconozcamos el Estado palestino”.
Ante la constatación de que ese propósito no parece realista, el Gobierno quiere evitar un reconocimiento como el que hizo Suecia en 2014, cuando ningún otro país le siguió. Si no es posible un reconocimiento en bloque por parte de la UE, el Gobierno quiere reunir al menos un grupo de países con masa crítica suficiente para que esta acción tenga impacto internacional. Con este objetivo, hace tiempo que la diplomacia española mantiene un diálogo discreto con los Estados europeos más proclives a dar ese paso (Bélgica, Irlanda, Portugal y Luxemburgo), que buscan concertarse entre sí.
Un ensayo de lo que puede pasar con este asunto es el debate sobre la imposición de sanciones a los colonos israelíes violentos en Cisjordania. Después de que Hungría bloquease la adopción de sanciones por parte de la UE, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, anunció esta semana que España las impondrá unilateralmente. Se trata de una medida simbólica —se limitará previsiblemente a negarles el visado de entrada en España— y poco polémica, pues estrechos aliados de Israel, como Estados Unidos y Reino Unido, han sido los primeros en imponerlas: y otros países europeos, como Francia y Bélgica, los han seguido. Mostrará, sin embargo, el camino para que un grupo de países pueda avanzar por su cuenta en una política más activa respecto a Oriente Próximo, superando la parálisis de la UE.
De una forma o de otra, todas las fuentes consultadas dan por sentado que España reconocerá el Estado palestino en esta legislatura. Y ello porque, además de su dimensión internacional, hay una vertiente de política nacional: Palestina tiene un alto valor simbólico para el electorado de izquierdas y Pedro Sánchez no puede desaprovechar esa baza.
De los 193 países miembros de la ONU, 138 reconocen ya a Palestina como Estado, además de otro Estado observador no miembro: el Vaticano. Una gran parte pertenece al sur global —África, Asia y América Latina— con la excepción de algunos miembros de la UE, como Rumania, Polonia, Bulgaria, la República Checa, Eslovaquia y Hungría, que lo hicieron en 1988, antes de la disolución de Pacto de Varsovia y de su ingreso en la Unión. El único país que ha reconocido al Estado palestino después de unirse a la UE ha sido Suecia. De esos 139 países, nueve se sientan en el G-20: China, Rusia, India, Brasil, Indonesia, Sudáfrica, Turquía, Argentina y Arabia Saudí.
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La búsqueda de su reconocimiento como Estado ha sido una de las estrategias de los palestinos para superar el callejón sin salida al que se llegó tras los Acuerdos de Oslo, firmados entre 1993 y 1995. Esos acuerdos no derivaron en el establecimiento de un Estado palestino e Israel aceleró la construcción en los asentamientos. En 1993, 285.000 colonos israelíes vivían en asentamientos ilegales en Cisjordania. Hoy son al menos 700.000, según la ONU.
Haizam Amirah Fernández, investigador principal de Mediterráneo y Mundo Árabe del Real Instituto Elcano, cree que el proceso que desembocó en esos acuerdos fue “la fórmula de desastre que nos ha llevado hasta donde estamos”, con la que habría que “romper”, y considera que el reconocimiento del Estado palestino serviría para dar un paso en esa dirección, “cambiar el marco de la relación entre las partes enfrentadas y equilibrar en parte sus posiciones”. Este experto añade que ese reconocimiento por sí solo no es suficiente y debería ir acompañado de la creación de “instituciones estatales” en Palestina por parte de la comunidad internacional para no quedarse en un mero “acto simbólico”.
Hito en la ONU
En septiembre de 2011, el presidente palestino, Mahmud Abbás, presentó una solicitud como Estado miembro en la ONU, un propósito frustrado por la amenaza del veto de EE UU en el Consejo de Seguridad. La Organización para la Liberación de Palestina optó entonces por solicitar el estatus de Estado observador no miembro, que obtuvo en 2012 en la Asamblea General de la ONU, con 138 votos a favor, 41 abstenciones y nueve votos en contra, entre ellos los de Israel y EE UU. Un hito de la “importante estrategia política internacional de Palestina para obtener el reconocimiento como Estado”, subraya Ana Manero, catedrática de Derecho Internacional Público de la Universidad Carlos III de Madrid.
España votó a favor. El Gobierno de Mariano Rajoy precisó después que no reconocería unilateralmente un Estado palestino porque este debía ser fruto de un acuerdo con Israel para ser viable.
Esa idea, central en el discurso oficial israelí, suscitaba entonces consenso en Occidente, pero el ataque de Hamás, con sus 1.200 muertos, y la guerra de Israel en Gaza, en la que han perecido en torno a 30.000 personas, según datos respectivos de ambas partes, han roto con esa unanimidad que contribuía a perpetuar el statu quo.
“La repercusión del reconocimiento de un Estado palestino por parte de España sería fundamentalmente política, dado que no se trata de un acto constitutivo de una entidad estatal”, puntualiza Manero. La catedrática subraya que políticas israelíes como la expansión de los asentamientos hacen inviable que un Estado palestino en las condiciones actuales cuente con los atributos estatales de “control del territorio, gobierno, población y soberanía”. El reconocimiento por parte de un número importante de países daría, sin embargo, “a Palestina más fuerza en una negociación”, aclara la experta.
A Amirah Fernández no le parece relevante el precedente del reconocimiento del Estado palestino por parte de Suecia y su escaso impacto: “El contexto de 2014 no tiene nada que ve con el de 2024”. La guerra en Gaza ha restado muchos apoyos a Israel, sobre todo desde el sur global, y el investigador del Real Instituto Elcano recuerda cómo el Tribunal Internacional de Justicia ha alertado de los “indicios plausibles de genocidio” por parte de Israel en Gaza. Con ese trasfondo, el reconocimiento podría ser “un paso más hacia un marco de solución mucho más elaborado, necesario para que en el futuro haya dos Estados”. La alternativa a esa vía, afirma, “se llama apartheid [en Palestina]”.
Algo que parece significativo es que el Gobierno israelí se opone frontalmente a que otros países, especialmente los occidentales, reconozcan un Estado palestino. El miércoles, el Parlamento israelí aprobó, por mayoría de 99 de los 120 diputados, una resolución que rechaza que la comunidad internacional “dicte de forma unilateral la creación de un Estado palestino”, aseguró Benjamín Netanyahu, impulsor del texto. El primer ministro israelí trata ahora de garantizar su supervivencia política presentándose como el único que puede evitar esa posibilidad.
A pesar de ello, el historiador y profesor de la Universidad de Valencia Jorge Ramos Tolosa no cree que el reconocimiento español de Palestina como Estado vaya a minar la posición israelí. Lo considera “un apoyo simbólico”, cuando lo que se impone ahora en su opinión es “detener el genocidio”. Y aboga para ello por que “el mundo deje de ser cómplice de Israel. Lo que tiene que hacer España es parar de vender y comprar armas a ese país y romper las relaciones bilaterales”.
El palestino Taher Ali, miembro de la Red Solidaria contra la Ocupación de Palestina (RESCOP), coincide con ese análisis. Argumenta que “lo único que podría contribuir a una solución es que la comunidad internacional impusiera un bloqueo económico total a Israel”.
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