La ministra portavoz en funciones del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha señalado este miércoles que el Gobierno velará por preservar la “autonomía estratégica” en Telefónica, tras la adquisición por parte de la saudí STC de una participación del 9,9% en la compañía española por un importe total de 2.100 millones de euros. “El Gobierno tiene la capacidad de valorar este tipo de inversiones que no afectan al control de la compañía. Existen canales para preservar nuestra autonomía estratégica que el Gobierno pone en marcha, y quiero subrayar que Telefónica no solo es una empresa emblemática en nuestro país, sino una compañía estratégica, un operador estratégico, y que el Gobierno va a velar, por supuesto, por la autonomía estratégica de España con absoluta normalidad y tranquilidad”, ha señalado la ministra en declaraciones a TVE.
Rodríguez ha añadido que en movimientos económicos que afectan a la bolsa, a la economía de un país y de una compañía “conviene dar estos mensajes de tranquilidad y no inquietar, y es lo que va a hacer el Gobierno y en lo que está trabajando en estos momentos ya la vicepresidenta primera y ministra de Economía”. La portavoz admitió que el Gobierno se enteró ayer de la operación, coincidiendo con la comunicación de STC a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). “Para tranquilidad de la audiencia, lo que tienen que conocer es que existen canales y todas las inversiones estratégicas que puedan incidir en nuestra autonomía estratégica reciban esa valoración y ese control por parte del Gobierno”, ha insitido.
Las declaraciones de la ministra portavoz coinciden con las de la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo en funciones, Yolanda Díaz, que ha instado a proteger el “futuro digital” de España y preservar la “autonomía estratégica” de la multinacional española. “España debe asegurar la toma de decisiones en empresas como Telefónica, guardianas de datos sensibles”, según ha asegurado Díaz en un mensaje en la red social X (antigua Twitter) , en el que también ha destacado que es “esencial” preservar la autonomía estratégica española. En esta línea, también ha reclamado que “es necesaria una mejor regulación y una protección para evitar” ofertas públicas de adquisición de acciones (opa).
Una operación por sorpresa pero “amistosa”
El anuncio en la noche del martes de la entrada del operador de telecomunicaciones saudí en el capital de Telefónica para convertirse en su primer accionista, ha desatado el debate sobre la necesidad de las autorizaciones pertinentes, teniendo en cuenta que STC está participado en un 64% por el Estado saudí, a través del fondo soberano del país conocido como PIF. STC informó de la operación ayer mismo tanto a la Casa Real como a Moncloa, poco antes de remitir la comunicación a la CNMV, pero les tranquilizó asegurando que no pretendía tomar el control de la compañía y que se trataba de una operación amistosa, informaron a EL PAÍS fuentes conocedoras de la transacción.
Las mismas fuentes señalan que la entrada en el capital de Telefónica ha sido especialmente diseñada para no toparse con los blindajes que la legislación española impone a las inversiones extranjeras. Ese porcentaje del 9,9% es el límite que cualquier inversor foráneo puede comprar libremente de una compañía cotizada española, ya que a partir del 10% necesitaría la autorización del Gobierno de Pedro Sánchez de acuerdo con la legislación antiopas aprobada 2020 por la pandemia del coronavirus para proteger a las empresas nacionales de sectores estratégicos.
No obstante, la reforma legislativa llevada a cabo el pasado mes de julio del escudo antiopas faculta al Gobierno por cuestiones de seguridad nacional a establecer la autorización previa, a cargo del Ministerio de Defensa, para operaciones en las que estén implicadas “infraestructuras críticas”, entre las que se encuentran las comunicaciones. De ahí, que la operación se haya troceado en dos partes: la toma ahora del 4,9% y el aplazamiento mediante instrumentos financieros del control de otro 5%. Antes de materializarse este segundo tramo debería contar con el permiso del Ejecutivo, tal y como adelantó EL PAÍS.
Por su parte, Telefónica tampoco tuvo conocimiento de la operación hasta bien entrada la tarde del martes. El presidente de la compañía, José María Álvarez Pallete, fue informado mientras estaba de viaje de negocios en Estados Unidos, y los inversores árabes le tranquilizaron asegurando que se trataba de una operación “amistosa”. Un mensaje que fue bien recibido en los despachos de sede de Las Tablas, en Madrid, que notificaron a su vez a la CNMV ese mensaje. “Telefónica toma nota de la aproximación amistosa de STC y de su apoyo al equipo directivo, a la estrategia de Telefónica y a su capacidad para crear valor”, señaló la compañía en su comunicación en la noche de ayer.
Las acciones de Telefónica han iniciado la sesión de este miércoles con una subida cercana al 3%, aunque luego se ha moderado el alza y a media jornada cotizan a 3,81 euros por título, un 1,8% sobre el cierre de ayer, martes.
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