El descalabro bursátil de la empresa de instalaciones fotovoltáicas Eidf continuó en la jornada de este martes tras las dudas destapadas por la auditoría y un informe forensic sobre la gestión de la empresa. Si ayer sus acciones perdían un 70% de su valor, ahora añaden otra caída del 56% sobre el precio con el que arrancaban esta mañana, según la información ofrecida por BME pasadas las cinco y media de la tarde. La pérdida de capitalización acumulada entre el lunes y el martes asciende a 1.496 millones, y las acciones han pasado de los 29,76 euros a 3,90.
Durante la jornada el movimiento de títulos fue intenso, con 849.229 operaciones, porque la brusca caída de ayer podría haber activado las ventas automáticas en muchas carteras de inversión. La cotización, que terminó el lunes en casi 9 euros, arrancó con leves subidas que se esfumaron con rapidez. Este martes, sin embargo, BME sí pudo casar la oferta de títulos -algo que no ocurrió el día antes porque la oferta de acciones no encontraba compradores- y la cotización osciló a lo largo de toda la jornada.
En este tiempo, la compañía no ha comunicado nada más al mercado después de que el pasado 24 de agosto la CNMV hiciese públicos varios párrafos del citado informe forensic en donde se ponían en duda las prácticas contables. En sus conclusiones, el informe destaca que en algunas de las actividades y operaciones con terceros “se han identificado situaciones en las que se habrían creado, modificado o falseado documentos”. Algunos ejemplos de estas prácticas harían referencia a la relación de la sociedad con sus clientes, deudores y socios. En relación a tres socios, se encontraron “evidencias de posible falsificación de contratos y documentos elaborados por parte de los responsables de la sociedad, con el objeto de justificar la falta de control sobre las SPVs”. Las SPV o Special puppose vehicle son empresas constituidas con el único fin de ser un vehículo de la inversión en proyectos de energías renovables. La auditoría de PwC, por su parte, constató que la firma terminó 2022 con un fondo de maniobra negativo por importe de 20,9 millones y unas pérdidas de 2,7 millones tras ingresar 297 millones. El documento advertía de que podrían surgir “otros posibles errores” en las cuentas con posterioridad.
La empresa, que había contratado a una consultora de comunicación para gestionar la crisis reputacional, ha roto el acuerdo y no explica, por el momento, en qué medida está afectando a su operativa diaria el descalabro bursátil y los indicios de una gestión poco profesional. Tampoco se conocen, por el momento, las cuentas semestrales de la firma. La junta ordinaria de accionistas está convocada para el próximo 21 de septiembre en primera convocatoria en el polígono de Barro (Pontevedra), donde la empresa tiene sus oficinas.
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