El Congreso de Guatemala nuevamente no logró elegir a los directores titulares y suplentes que integrarán el directorio de la futura Superintendencia de Competencia, un órgano esencial para fomentar la competencia justa y evitar prácticas monopólicas en el país. Aunque el tema estaba incluido en la agenda legislativa y se tenía la expectativa de progresar en la nominación de las autoridades, la sesión se desintegró sin alcanzar ningún consenso.
Con este aplazamiento adicional, ya son varios los intentos fallidos del Legislativo para cumplir con este mandato legal, lo cual ha causado inquietud entre sectores económicos y sociales que exigen transparencia, rapidez y responsabilidad institucional en el proceso.
El Parlamento posee la responsabilidad de seleccionar a los cinco integrantes del directorio —tres principales y dos alternos— de un conjunto de candidatos previamente examinados y presentados por la Comisión de Postulación. Esta comisión realizó un proceso de selección que abarcó el análisis de currículums, entrevistas y evaluación de impugnaciones. La lista final está compuesta por candidatos con experiencia técnica en economía, derecho y gestión pública.
Sin embargo, la falta de consensos entre las distintas bancadas ha impedido avanzar en la votación. Durante la más reciente sesión, algunos legisladores abandonaron el pleno antes de que se iniciara la discusión del tema, lo que provocó que no se alcanzara el quórum necesario para llevar a cabo la elección.
La creación de la Superintendencia de Competencia fue aprobada en 2022 como parte de una reforma orientada a fortalecer el marco institucional económico del país y cumplir con compromisos internacionales, incluyendo requisitos de acceso a ciertos tratados comerciales. Este ente tendrá como funciones principales investigar y sancionar prácticas anticompetitivas, vigilar los mercados y promover condiciones equitativas para los distintos actores económicos.
Sin embargo, la ausencia de nombramiento de su junta directiva ha impedido que la entidad comience a operar. Mientras tanto, se acumulan quejas sobre potenciales abusos de poder en áreas estratégicas, lo que aumenta la urgencia de que la Superintendencia inicie sus actividades.
Diversos participantes del sector privado y grupos civiles han expresado su preocupación por la paralización del proceso. Creen que este escenario no solo ralentiza el despliegue de un instrumento esencial para aumentar la competitividad, sino que además emite mensajes negativos a los inversores y deteriora la institucionalidad democrática.
Algunos parlamentarios han expresado su deseo de proseguir con las conversaciones para lograr consensos en el siguiente pleno. No obstante, ciertos grupos advierten que hay motivaciones políticas que intentan dificultar la selección, ya sea por diferencias respecto a los candidatos sugeridos o por evaluaciones tácticas vinculadas a distribución de influencia.
La normativa señala que el Congreso está obligado a seleccionar a los miembros del directorio con una mayoría calificada, lo que requiere un amplio consenso entre las distintas fuerzas presentes en el hemiciclo. En los intentos previos, la constante ha sido la insuficiencia de votos, a pesar de que la lista de aspirantes ha estado accesible durante varios meses.
A medida que pasa el tiempo, aumentan las presiones internas e internacionales para que el Legislativo cumpla su responsabilidad constitucional y permita el inicio de operaciones de la Superintendencia de Competencia.
El país sigue sin una entidad independiente que proteja un entorno económico equitativo, dejando a consumidores y pequeñas empresas sin una defensa adecuada ante posibles prácticas injustas de grandes corporaciones. Esto refleja las dificultades estructurales que enfrenta el sistema político guatemalteco para tomar decisiones importantes, incluso en asuntos de interés común que podrían favorecer significativamente el progreso económico.
El reto ahora para los diputados es recuperar el ritmo legislativo y demostrar compromiso con la modernización institucional. La elección del directorio no solo significaría el cumplimiento de un deber legal, sino también un paso esencial hacia un sistema económico más equitativo y transparente.
