lunes, abril 22

¿Cómo va el plan “Paz Total” de Petro? ELN, regiones y líderes sociales

(CNN Español) — El gobierno de Gustavo Petro en Colombia ha adoptado el término “paz” como pilar de su política desde su campaña electoral. Incluso fue incluido en la lista de la revista de las 100 personas más influyentes del mundo. Tiempo por su “programa ambicioso y transformador”. Pero, ¿qué sugiere para las cifras hasta ahora de la gestión de “paz total” del presidente?

¿Qué es «Paz Total»?

Una de las propuestas más destacadas de Petro fue la posibilidad de lograr la Paz Total en el territorio nacional. La idea es llegar a acuerdos con los grupos armados que durante años han generado violencia y desplazamiento forzado, con la participación de las comunidades en los diálogos.

Desde que asumió el cargo en agosto de 2022, Petro ha insistido en la importancia de tomar acciones para lograr la paz y la reconciliación e iniciar diálogos con grupos armados como la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y bandas criminales como el Clan del Golfo.

El 26 de octubre, el Congreso de Colombia aprobó la Ley de Paz Total, otorgando al presidente la facultad de iniciar un proceso de negociación y destinar el presupuesto nacional para este fin.

Sin embargo, a fines de junio, el juez de la Corte Constitucional Jorge Enrique Ibáñez presentó una propuesta para deslegitimar la Ley de Paz Total, la cual fue presentada como emergencia nacional. Así lo anunció Canal Congreso el pasado 27 de junio.

Cese al fuego con el ELN

El ELN es un grupo al margen de la ley que se extiende por las regiones rurales de Colombia y tiene un dominio parcial sobre las comunidades marginadas del país. Es considerado por Estados Unidos y la Unión Europea como un grupo terrorista.

El 9 de junio de 2023 firmó en La Habana un cese al fuego con el ELN por 180 días a partir del 3 de agosto. A pesar de que Colombia tiene una larga historia de negociaciones fallidas con este grupo, la mesa de negociación de Petro logró el cese al fuego más largo logrado en la historia de las discusiones con este grupo.

El 5 de julio, el Petro firmó un decreto ordenando la suspensión de operaciones ofensivas de la fuerza pública contra miembros del ELN que participan en el proceso de paz.

Para Laura Bonilla, subdirectora de la Fundación Pares, organismo encargado de monitorear la paz y la reconciliación en Colombia, los avances que se están dando en las negociaciones con el ELN no han llegado a ningún otro gobierno.

Inicia nuevo ciclo de diálogos entre el Gobierno de Colombia y el ELN 2:26

“Lo máximo que se había logrado antes fue durante el Gobierno de Santos, donde se estableció una agenda con seis puntos a seguir”, dijo Bonilla a CNN.

Según un comunicado publicado por la presidencia, este acuerdo pasará por diferentes etapas, que incluyen la contratación, preparación, implementación y verificación. La ejecución total del acuerdo comenzará el 3 de agosto.

Sin embargo, en los días previos a la suspensión de operaciones ofensivas, que había entrado en vigor, se registraron estallidos de violencia en lugares donde operaba el grupo armado ilegal.

Persiste la violencia en las regiones

Para Leonard Rentería, líder social de Buenaventura, ciudad portuaria del Pacífico colombiano azotada por la violencia desde hace décadas, desde que Petro asumió la presidencia ha habido más presencia gubernamental en esta región. Según Rentería, el Alto Comisionado Para La Paz hace constantes visitas a Buenaventura y charlas con los lugareños.

Además, según un informe de la fundación Pares, a principios de diciembre del año pasado se produjo una tregua entre las bandas criminales “Shottas” y “Espartanos”, que se tradujo en 90 días sin homicidios en Buenaventura. Sin embargo, el acuerdo se rompió en abril y, aun así, se renovó en 26 de esos meses, desde entonces la violencia se ha recrudecido.

“Hubo una tregua entre los grupos que luego se disolvieron. Buenaventura es el laboratorio de la paz total porque muestra todos los desafíos de este tipo de políticas en busca de la reconciliación. Allí hay una demanda social muy fuerte de avanzar en los procesos de paz” , aclara Laura Bonilla. “Donde hay competencia entre uno o más grupos armados, es donde la violencia es más evidente”, agrega.

Asimismo, en el municipio de Arauca, al último trimestre, el aumento del desplazamiento forzado fue de 568%, según cifras recopiladas por Peers.

Todavía no está muy claro cuál es el trabajo del gobierno para tratar de mitigar la violencia en las regiones por parte de los grupos del crimen organizado, pero Leonard Rentería cree que en comparación con gobiernos anteriores se han visto cambios.

El dirigente social considera que “este gobierno escucha las voces del territorio”, y cita como ejemplo la inversión de más de US$ 7,2 millones en un estadio más otras inversiones con multas culturales “para paliar el tema de la vinculación de los jóvenes a grupos al margen de la ley».

Por su parte, Miguel Uribe Turbay, miembro de derecha del opositor Centro Democrático, Publico este jueves en Twitter que la «política de total impunidad» a favor de los grupos armados no puede continuar y calificó de «absurdo» que el ELN anuncie cese al fuego pero siga «secuestrando y haciendo tanto daño a las familias colombianas».

Asesinatos de líderes sociales y masacres contra civiles

En las últimas décadas, Colombia ha sido testigo de un número alarmante de asesinatos de líderes sociales. Entre 2016 y 2020 registró más de 400 asesinatos de este tipo, según datos de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, y fomentó el país más violento de América Latina contra defensores de derechos humanos, según Observador de derechos humanos.

Si bien el Gobierno ha dedicado considerables esfuerzos para reducir estas cifras, los resultados han sido mixtos.

Según registros del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), en 2023 se registraron 85 asesinatos de líderes sociales, mientras que en 2022 para la misma fecha se documentaron 106 de tipo burles.

Sin embargo, según Indepaz, en lo que va del año se han registrado 52 masacres de civiles con un saldo de 170 víctimas, cifra muy similar para esta fecha de 2022.

¿Y si «Paz Total» cae en la Corte Constitucional?

Se espera que en los próximos días la Corte Constitucional vote a favor o en contra de la propuesta del Magistrado Ibáñez para la eliminación de la Ley 2272 de 2022 o Ley de Paz Total. Para aprobar la propuesta y dejar sin efecto la ley se necesitarán 5 votos a favor.

El senador Ariel Ávila, en entrevista con Radio Caracol, mencionó que de llevarse a cabo la ley de Paz Total, todos los diálogos y avances en la negociación caerían en pecado jurídico, lo que resultaría en un “limbo jurídico” por aproximadamente dos meses mientras el gobierno nacional toma nuevas medidas.

Por su parte, Luis Enrique Velasco, ministro del Interior, aclaró que su ministerio, junto con los de Justicia y Defensa, “asegura que la propuesta y la forma de debatir este proyecto se enmarcó dentro de lo que establece la Constitución, la ley y la estatutos del Congreso».

En un contexto donde los esfuerzos del gobierno por lograr la paz en los territorios son constantemente cuestionados por grupos al margen de la ley, surge la pregunta de si es posible lograr una “Paz Total” duradera.

Con información de Florencia Trucco de CNN

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